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Santo Domingo, R.D.. – La Dirección General Contrataciones Públicas (DGCP) asumirá la dirección ejecutiva de la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA) creada por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 76-25 para fortalecer la supervisión, auditoría y prevención de prácticas corruptas en el Estado.

La comisión que preside la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y que está adscrita al Ministerio de la Presidencia, coordinará las distintas estrategias gubernamentales de prevención, transparencia, acceso a la información pública, auditoría y recuperación de activos obtenidos de manera ilícita, garantizando la eficiencia en la ejecución de las políticas públicas contra la corrupción.

Dentro de las funciones de la Comisión, figuran contribuir con la optimización de los procesos de compras y contrataciones públicas mediante mecanismos de control y supervisión que reduzcan los riesgos de corrupción; así como la coordinación de la ejecución del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción.

“La importancia de establecer y fortalecer los niveles de colaboración en el marco de un espacio interinstitucional como este facilitará el intercambio de información y dar respuestas más ágiles y precisas en el marco de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país”, afirmó Pimentel al ser abordado sobre el tema durante una entrevista en el programa televisivo El Día.

Según el artículo cuatro del referido decreto, todos los entes y órganos que conforman la Administración pública centralizada y autónoma, bajo dependencia del Poder Ejecutivo, deben identificar los casos de corrupción o distracción de patrimonio público ocurridos, sean estos potenciales, sospechosos, presumibles o verificados, tanto en el pasado como en el presente, en las instituciones que administran y a notificar los mismos a la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción por vía de la DIGEIG y de la DGCP.

Esta colaboración incluye suministro de la información, documentación, archivos, entre otros, en un plazo de cinco días laborables.
Asimismo, se instruye de manera especial a la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas (DGA), al Ministerio de Administración Pública y al Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en su calidad de instituciones con alto control de información, a colaborar de manera prioritaria con los objetivos y fines de la Comisión.

Otra de las atribuciones de la comisión es remitir a la Procuraduría General de la República y al Equipo de Recuperación de Patrimonio Público aquellos casos que requieren la intervención de dichas instituciones, ya sea por la posible afectación de fondos públicos o por la comisión de violaciones al ordenamiento jurídico penal.

El resto de instituciones que componen la CPTA son el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Contraloría General de la República, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental, la DGII, la Dirección General de Presupuesto, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público y dos representantes de la sociedad civil vinculados a organizaciones no gubernamentales orientadas a la lucha contra la corrupción, designados por el Poder Ejecutivo.

Departamento de Comunicaciones