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La mañana de hoy trajo la noticia de que, en el día de ayer uno de junio, el Papa Francisco aprobó una nueva la ley de contratos públicos para la Santa Sede (para nosotros el equivalente a la   Ley de Compras y Contrataciones Publicas). De manera especifica se trata de un código normativo para contratos públicos y administración de recursos.

Y esta aprobación no pudo ser más oportuna, dada la situación que atraviesa el mundo ante la pandemia del COVID-19, donde reina la incertidumbre y se torna mas importante  optimizar el uso de los recursos públicos, y también porque desde su elección, el Papa Francisco, ha mostrado un marcado interés en sanear las finanzas del Vaticano, recuperar la confianza en la Iglesia Católica y llamar la atención al compromiso de todos con los mas pobres, enfatizando la necesidad de lograr ahorros sostenibles y  luchar contra la corrupción.

Esta nueva legislación permitirá, según ha dicho el Santo Padre “una gestión más eficaz de los recursos…. Favorecerá la transparencia, el control y la concurrencia en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos”. Retoma la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Mérida 2003, y plantea los objetivos de fomentar la transparencia, prevenir la corrupción, lograr considerables ahorros y promover una mejor administración de los recursos.

En la presentación de la normativa, se indico que, por la “especificidad de la materia y el carácter técnico de las normas sustanciales, se justifica la ampliación de la jurisdicción de los órganos judiciales del Estado de la Ciudad del Vaticano, a los que es atribuida la competencia para conocer eventuales controversias, aunque se refieran a Entes de la Curia Romana”.

El Papa, según el comunicado “busca reducir considerablemente el peligro de corrupción, e indica que se pondrá fin a los acuerdos restrictivos permitiendo reducir considerablemente el peligro de corrupción de quienes son llamados a la responsabilidad del gobierno y de la gestión”. A la vez que proclama la necesidad de una administración fiel y honesta.

Este nuevo marco normativo se aprueba luego de los escándalos sobre el manejo financiero  del Vaticano, siendo  el ultimo escandalo  financiero  que investigó el Vaticano, desatado por la compra de un inmueble de lujo en Londres, por valor de 200 millones de euros, que luego fue cuantificado en 600 millones de euros, con recursos del  fondo  del Vaticano  denominado Óbolo  de San Pedro (cantidad exigua con la que se contribuye a un fin determinado) constituido por  las donaciones que realizan los feligreses y que se depositaba en una cuenta denominada “Dinero para los pobres”.

La nueva ley incluye normas (i) para fomentar la  transparencia; (ii) una lista centralizada de negocios que pueden ofertar por contratos del Vaticano (equivalente a la inscripción en el Registro de Proveedores del Estado),  (iii)  establece los criterios para determinar quien no puede contratar con el Vaticano ( régimen de incompatibilidades hasta el 4to. grado y conflicto de intereses) indicando que no podrán contratar con el Vaticano, personas condenadas por pertenecer a organizaciones criminales o por delitos fiscales; (v) Establece como principio cardinal, la importancia de los ahorros que genera la libre competencia; y dispone (vi) que los proveedores deberán responder a  principios éticos conforme a la moral de la iglesia; y (vii)

También, centraliza la contratación y prohíbe la intermediación; establece procedimientos de excepción con la debida justificación; y dispone la publicación de los precios (presupuesto de referencia).

Además, dispone la integración de comisiones que estudien la adjudicación de contratos, integradas por expertos y empleados del Vaticano, que se seleccionan por sorteo (Unidades y Comités de Compras, o Mesas de Contratación).

En la información disponible se indica que el Vaticano espera que, con estas medidas se pueda ascender a nivel internacional en la lucha contra la corrupción y la regulación de la competencia.

Este marco normativo incluye muchas de las medidas y buenas practicas, y muestran sin desperdicio, que el tema de las compras publicas no se puede tratar a la ligera. Es un tema complejo que rompe estructuras de poder que han sobrevivido por siglos. La afrenta de este gobierno ha sido, trabajar para buscar soluciones que vayan en la dirección de construir institucionalidad.

Esta normativa de contratos (y compras) del Vaticano, constituye un buen indicativo del trabajo constante y continuo que deben realizar los gobiernos para lograr ahorros y luchar contra la corrupción. Pero también un llamado de atención a la sociedad, para que pueda comprender la complejidad del tema y se decida a aportar, no solo con denuncias acérrimas sino también con propuestas que reten a los gobiernos y nos obliguen a avanzar. Y es que necesitamos propuestas que comprometan, identificar intersticios legales e institucionales para contribuir a cerrarlos.

He dicho ya en múltiples ocasiones, que la Ley Núm. 340-06 y su modificación ha permitido avanzar, (como no reconocerlo), pero plantea un modelo que es confuso y obsoleto. Además, un modelo que quedo trunco cuando se introdujo la modificación de la Ley al Congreso Nacional para adecuarla al DR CAFTA.

En este momento más que nunca antes, se necesita un Sistema de Compras fuerte, donde las conquistas que hoy disfrutan las MIPYME, mujeres, sectores productivos, pequeños productores de la agricultura familiar, puedan consolidarse, sino podrían desaparecer. Y se necesitan nuevas propuestas y políticas para hacer una distribución del Presupuesto Nacional en el territorio como ordena la Constitución de la Republica, pues el dinero destinado a las compras públicas es el único disponible para el desarrollo del país. Todo lo demás se invierte en el pago de la deuda y de sus intereses, y en la nómina pública. Por eso la apuesta es a que haya más desarrollo, más transparencia, a la profesionalización, a la rendición de cuentas, y a la conclusión de una primera etapa donde se termine de configurar la nueva institucionalidad del Sistema de Compras y Contrataciones Publicas de la República dominicana.