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Santo Domingo.- El Registro de Proveedores del Estado cuenta con 33,332 personas físicas y jurídicas en capacidad para ofrecerle bienes y servicios al gobierno, siendo el 50 por ciento de estas medianas y pequeñas empresas, de acuerdo al archivo de la Dirección General Contrataciones Públicas.

La lista ha crecido en forma constante desde que el gobierno delineó en políticas generales su intención de transparentar sus compras, y acercarse a las pequeñas y medianas empresas para que estas vean crecer sus capitales.

 En julio se agregaron 7,156 nuevos registros, y se actualizaron otros 9,029 casos de personas físicas y jurídicas, según afirmara la directora de la entidad, Yokasta Guzmán, que ayer participó en el Desayuno del LISTÍN DIARIO a propósito del primer año de gestión del presidente Danilo Medina.

Guzmán explicó todo el funcionamiento y responsabilidades de la institución, que como punto principal busca que las instituciones del Estado apliquen la normativa correcta en los procesos de compras y contrataciones que ejecuten.

“Hay instituciones que nunca habían hecho licitaciones y lo están haciendo. Nosotros le damos acompañamiento de introducción al sistema”, dijo la funcionaria.

A su juicio, a las pequeñas y medianas empresas hay que protegerlas, para lo que se necesita la ayuda de todos los ministerios. Su idea la basa en que, por ejemplo, a estas no se les puede exigir en la misma medida que a empresarios grandes, en el tema de los plazos por no tener disponibilidad de materiales en almacén, y en el pago no se les debe atrasar por no tener capital suficiente para su producción a gran escala.

Contrataciones Públicas trabaja, también, en los controles de entrega, procurando que lo pedido sea en efecto lo que se entrega tanto en calidad como en cantidad. “Velamos porque todos los actores del sistema en principio conozcan la normativa, y trabajamos capacitando, no solo a las instituciones sino a proveedores y a las Mypimes (pequeñas y medianas empresas), incluso los capacitamos en cómo deben ejercer sus derechos y cumplir obligaciones incluyendo cómo deben impugnar un proceso cuando entiendan se les ha violado derechos”, dijo Guzmán.

Otra responsabilidad de Contrataciones Públicas es la interpretación de la normativa cuando hay algún recurso sometido por alguien que haya participado en algún concurso y entienda que los procedimientos no fueron manejados de acuerdo a la normativa.

¿CÓMO RECLAMAR?

Si al tener resultados de una licitación la persona involucrada no está conforme con el resultado, puede acudir a la misma institución para que se realice un recurso de reconsideración. De fallarle en contra se puede ir a Contrataciones Públicas con un recurso jerárquico. De ahí, en caso de ser rechazado nueva vez, la persona que se siente afectada le queda el contencioso en fase judicial. Además, si una persona tiene conocimientos y datos sobre manejo inadecuado en algún proceso de licitación, puede solicitar una investigación ante Contrataciones Públicas.

Fuente: Listín Diario, Juan Eduardo Thomas 

juan.thomas@listindiario.com

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