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En el marco de la actividad fue presentado el Diccionario de Contrataciones Públicas, para contribuir a la comprensión de los conceptos básicos en la materia.

Santo Domingo, R.D.. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) realizó el segundo Diálogo Académico: Sanciones Administrativas en la Contratación Pública, donde expertos en la materia compartieron conocimientos sobre las sanciones que dispone la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y su Reglamento de Aplicación 416-23 ante violaciones a esas disposiciones legales.

El evento fue organizado por el Centro de Estudios e Investigaciones en Contrataciones Públicas (CEICP) y contó con la participación de los panelistas Bernardo Carvajal, director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad del Externado de Colombia; Raquel Miranda, consultora Jurídica de la DGCP y Alfredo Bueno, abogado de litigios de la Consultora Jurídica de la institución; bajo la moderación de Manuel Fernández, asesor legal de esta Dirección.

Los expertos se enfocaron en el intercambio de conocimientos y experiencias acerca de la tipificación, los procedimientos y las sanciones administrativas que se aplican en la contratación pública.

Asimismo, debatieron sobre la potestad sancionadora del órgano rector en el mercado de las compras públicas.

Carvajal dijo que debe existir un procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas y que corresponde al Poder Legislativo establecer el mecanismo, mientras que su ejecución debe recaer sobre la autoridad judicial.

No obstante, aseguró que el Poder Ejecutivo y sus representantes administrativos tienen que materializar el cumplimiento de las prerrogativas que disponen las normativas que, en este caso, sería las sanciones administrativas.

En ese orden, la consultora jurídica de la DGCP consideró que el órgano rector debe seguir velando por mantener la integridad del registro de proveedores.

De su lado, Bueno se mostró un abanderado de que la DGCP pueda mantener las sanciones administrativas cuando se compruebe la falsedad de documentos en los procesos de compras.

Al pronunciar las palabras de bienvenida, el titular de la DGCP, Carlos Pimentel, afirmó que las sanciones administrativas no sólo actúan como mecanismo de control y corrección, sino que también son esenciales para mantener la integridad y la confianza en el sistema.
Explicó que el reglamento 416-23 contiene algunas novedades en materia de Derecho Sancionador y que sus principios aseguran que la potestad sancionadora de la Administración pública se ejerza de manera justa y efectiva.

“Las sanciones administrativas son un pilar fundamental en el mantenimiento del orden y la legalidad en nuestras sociedades. A través de ellas, las autoridades pueden imponer medidas correctivas a aquellas conductas que infringen normas y regulaciones”, apuntó el director de la DGCP.

Aseguró que la institución se encuentra en proceso de implementación de herramientas que facilitan la automatización de los procesos para mejorar la eficiencia administrativa.

DGCP presenta diccionario

Durante el acto, el órgano rector de las compras públicas también presentó el Diccionario de Contrataciones Públicas, diseñado para contribuir a la comprensión de los conceptos básicos fundamentales sobre la materia.

El material pedagógico es una iniciativa del CEICP y fue creado y presentado por Pablo Vicente, encargado del Departamento de Desarrollo Territorial. Dispones de 250 conceptos, los cuales se irán ampliando en la medida en que surjan nuevas terminologías.
Sobre el particular, Pimentel dijo que el diccionario marca un hito en la DGCP en cuanto a su misión de promover la investigación, el estudio, entendimiento y comprensión del lenguaje de las contrataciones públicas.

El diccionario, disponible en el Campus Virtual de la DGCP, tiene el objetivo de profesionalizar la gestión de compras y beneficiar a la comunidad jurídica, a las instituciones contratantes y a los proveedores del Estado.