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Se trata de una guía que busca preservar la seguridad jurídica y el patrimonio del Estado

Santo Domingo, República Dominicana. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) puso a disposición del sistema un instructivo con los lineamientos que deben seguir las instituciones públicas para terminar contratos de manera unilateral cuando existan situaciones irregulares, o por faltas imputables a una de las partes contratantes.

Con esta iniciativa, realizada con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y el Programa para el Desarrollo del Derecho Comercial de los Estados Unidos (CLDP), el órgano rector responde a su interés de velar por la ejecución contractual en los procesos de compras públicas.

El instructivo fue presentado y socializado durante un taller sobre buenas prácticas en la administración de contratos, dirigido a consultores y directores jurídicos de las instituciones del Estado, encabezado por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el director general de la DGCP, Carlos Pimentel; el encargado de proyectos del CLDP, Luis Durán; y Adela Pérez Franco, asesora del Programa de Desarrollo de Derecho Comercial del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

En la apertura de la jornada formativa, Pimentel dijo que el instructivo representa el interés y deber que tiene la DGCP de incidir en este aspecto de la contratación pública, a pesar de la descentralización operativa del órgano rector, y rompe el mito histórico de que el Estado no puede terminar sus contratos de manera unilateral, porque se colocaría en una situación de alto riesgo.

La guía muestra el paso a paso para rescindir de manera anticipada un contrato en la Administración pública cuando la situación lo amerite.

“Lo que más debemos destacar en este instructivo son las consideraciones a tomar cuando acabamos un contrato, mismas que deberán prever la protección de la seguridad jurídica, la responsabilidad patrimonial del Estado y sus funcionarios, y, algo muy importante que es la afectación al contratista ante una decisión desfavorable para él”, puntualizó Pimentel.

Durante el taller se tocaron aspectos trascendentales como la propiedad intelectual, la confidencialidad y la forma de terminación de los contratos públicos, temas que conforman la fortaleza de una relación contractual de la dimensión de la que se gesta entre el Estado y el contratista.

Estos temas fueron abordados por Katherine Gutiérrez, encargada de la Dirección de Políticas, Normas y Procedimientos, de la DGCP; Sean Kinn, representante de contratación nivel III de la Oficina del Censo de EE. UU.; Claudia Patricia Evans, Jefa de Vuelo de Planes y Programas de las Fuerzas Aéreas de EE. UU. y Ervin Harris, abogado de adquisiciones de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de los EE. UU.